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30 enero 2026La politización de la Fuerza Pública en Colombia: riesgos institucionales y amenazas a la democracia en contexto electoral

Neutralidad constitucional y seguridad en contextos de expansión criminal y tensiones políticas.Laura GamboaLa época electoral generalmente es crítica en Colombia. En este tiempo las perspectivas de análisis suelen centrarse en los problemas de seguridad. Seguridad en los territorios, para los candidatos, para las poblaciones, acciones de grupos armados, y si, todos son temas importantes. Pero, en todo este espectro hay un actor clave y constante, no solo en tiempos y procesos electorales, sino en todos los momentos que vive el país, coyunturas, crisis, cambios y tiempos de relativa estabilidad, ese actor es la fuerza pública.Y es que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional son fundamentales no solo para garantizar la seguridad y la defensa del país, sino también, la continuidad del orden político democrático. Ellas detentan el rol constitucional de garantizar el orden y la seguridad, y aunque son pilar de la república y su sistema político, su uso incorrecto con fines políticos (o politiqueros) constituye en sí una amenaza para la democracia colombiana.Por ello, a todos los retos de cara al futuro con miras a las próximas elecciones tanto legislativas como presidenciales, debe sumarse la politización de la fuerza pública y abordar el problema de su utilización como herramienta de intervención o dominación política. Las distintas ideologías que logran eventualmente llegar al poder a través de algún líder político terminan revelando ese objetivo a veces soterrado, a veces más explícito de imponer agendas, ideas y políticas a través del uso de las fuerzas militares y de policía, porque ¿quién puede gobernar sin policía? ¿Quién puede garantizar el orden establecido y la soberanía sin fuerzas militares?Hay que tener claro este supuesto: las fuerzas miliares y la policía son instituciones naturalmente políticas, pero no partidistas. Por lo cual, su alineación con partidos o movimientos, es antinatural a su esencia, su lealtad se debe única y exclusivamente a la constitución política, al sistema democrático y la sociedad. Frente a ello, existen unas barreras naturales que han logrado contener hasta ahora este intento de politizarlas, la primera de ellas es la doctrina tanto militar como policial.La doctrina no son solo formas o reglas formales e informales inmersas en la subcultura de estas instituciones, es conocimiento, son fundamentos filosóficos, históricos y científicos que sustentan la profesión militar y policial, sus funciones y diversas actuaciones. La doctrina actúa como un muro de contención que garantiza el profesionalismo, su conocimiento de las ciencias que fundamentan sus profesiones y, por supuesto, el análisis debido de los contextos políticos y sociales, así como del rol que cumplen estas instituciones en el marco del Estado y de la sociedad misma. Esto es esencial pues estas no solo son ejecutoras de la política de seguridad, también son los principales conocedores de los problemas en ese campo y, por tanto, los asesores más calificados.La segunda barrera es el rango constitucional que ostentan las instituciones de la fuerza pública, ellas saben que se deben a ese acuerdo político que no solo formula las reglas de juego y la estructura estatal y social, sino que también detenta el marco de pensamiento político sobre el cual se erige la democracia.Si bien la constitución garantiza un rol social y estatal, unas funciones y una misionalidad clara, las dinámicas propias del ejercicio de lo político, como es entendido en nuestra cultura, generalmente llegan a permear las esferas militares y policiales y es que, aunque ellas saben cuál es su lugar, también conocen el contexto y las necesidades del país, de modo que su interés natural por conservar el orden constitucional, puede ser utilizado por algunos para sembrar ideas que inclinen su apoyo, creando nuevas retóricas e incluso nuevos enemigos que favorezcan una visión u otra.Esto nos lleva a plantear uno de los elementos o características que más podrían jugar en contra y que pueden favorecer esas dinámicas, y es que dichas instituciones se basan en modelos altamente dependientes del ejecutivo, lo que ocurre en el caso de la Policía, particularmente. Este modelo se caracteriza por un fuerte dominio del poder político que en ocasiones puede desconocer la naturaleza de lo policial o lo militar en las decisiones que se toman desde esa esfera.Ese manejo politiquero conlleva unos riesgos muy altos pues lo que primero ocurre es la erosión de la confianza ciudadana, se desdibuja la imparcialidad de estos cuerpos y pueden fácilmente pasar de ser bastiones de la república a ser instrumentos de algún partido o líder político, como ha ocurrido en el caso venezolano. Pero además, se debilita su profesionalismo, ese que han construido a lo largo de cientos de años, así la profesionalización se cambia por lealtades políticas degradando estándares técnicos esenciales como la meritocracia y, finalmente se altera la subordinación a la Constitución como principio.Sin embargo, es tentador pensar que las FF.MM y la policía no tienen una fuerte formación política porque tradicionalmente se les ha considerado apolíticas, razonamiento que no reconoce su origen ni su realidad, esta categoría se ha confundido con la condición de no deliberación que está arraigada en la Constitución del 91 en su artículo 219, donde claramente se establece que no podrán participar de reuniones de movimientos ni partidos ni tampoco sufragar, lo que constituye tan solo un elemento de la vida política y de ésta como concepto.Pero, siendo estos cuerpos centenarios, tienen memoria, registran y analizan cada uno de los momentos sociales y los diferentes contextos de la nación para generar respuestas acordes a su misión y funciones, característica que les ha permitido evolucionar y estar a la par de los desafíos que enfrenta el país.Frente a esto, vale la pena recordar que tradicionalmente, han tenido un pensamiento de corte más conservador y desde las últimas décadas más anticomunista y contrainsurgente, fuertemente arraigado en el enfoque de lucha contra el terrorismo en el contexto del conflicto armado con las distintas guerrillas.
Entonces vale la pena preguntarse ¿qué perspectivas tenían militares y policías sobre los acuerdos de paz de La Habana entre el gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos y las FARC? ¿qué ideas rondaban a cientos de policías sobre el origen, desarrollo y presunta financiación de las protestas violentas en el marco del llamado “estallido social”? ¿cuál es el análisis de estos funcionarios que conocen los problemas y accionar de grupos criminales frente a la política de Paz Total del actual gobierno? ¿Qué piensan del retiro o llamado a calificar servicios de muchos generales y coroneles ocurridos en el gobierno Petro? ¿saben ellos que pueden ser medidas para romper el poder político que detentan los cuerpos de generales de estas fuerzas? ¿la llegada de un militar, así sea en retiro, a dirigir el Ministerio de Defensa podría ser evidencia de las dinámicas de politización de la fuerza pública? ¿es casualidad o causalidad la creciente participación de militares y policías en retiro en la política y en cargos públicos?Quienes hoy hacen uso del buen retiro pueden hablar, participar con su voto, e incluso unirse a partidos o movimientos políticos, lo que también da cuenta – en la mayoría de los casos – de su marco de pensamiento político. Los que siguen activos siguen desarrollando su trabajo conforme a la Constitución y la ley, pero esto no anula ni deslegitima su capacidad de análisis para la toma de decisiones en el marco de sus funciones, pero aún con el juramento a la bandera, siguen siendo ciudadanos y unos perfectamente capacitados para comprender contextos y momentos y es ahí cuando el profesionalismo que han desarrollado los uniformados debe prevalecer con la técnica y la especialización de sus actividades.Este es uno de los principales retos en materia de seguridad y orden democrático que enfrenta Colombia con mayor intensidad en los últimos años y que en tiempos de efervescencia política debe ser abordado con mayor cuidado, pues la estabilidad democrática no radica exclusivamente en qué presidente se elija, sino también en la salvaguarda de la independencia, la naturaleza, la disciplina y el profesionalismo de las instituciones de la fuerza pública.

15 febrero 2026Seguridad negociada y poder territorial: riesgos democráticos de la Paz Total en año electoralLaura Gamboa

Sin duda nuestro país ha vivido desde los últimos años, particularmente desde 2019 otro escenario de enfrentamiento político bajo dinámicas muy distintas a las acostumbradas, una contienda política medianamente tradicional, apoyada en el discurso de los líderes y candidatos, los debates televisados, el ejercicio de la oposición democrática en el legislativo. Pero desde hace unos años la forma de hacer política cambió radicalmente con las redes sociales y eso nos lo demostró la dinámica implementada en el denominado “estallido social” en el que grupos afines a la izquierda política hicieron alarde de una verdadera planeación, estructura y estrategia a través de las redes sociales para diseminar ideas y, sobre todo, una retórica poderosa que logró subir al poder a un presidente socialista, de izquierda progresista.Vimos, entonces, la potenciación y el verdadero poder de la política 2.0, una forma mucho más abierta y eficiente de propagar ideas políticas de cualquier índole, en nuestro caso, ideas propias de la izquierda, en lo cual fueron muy hábiles, pues lo suyo siempre ha sido el relato.Esa política 2.0 nos ha llevado no solo a una nueva forma de hacer política, sino que ha permitido desarrollar otras maneras en las que los ciudadanos nos relacionamos con el gobierno, con líderes políticos, e incluso, una nueva forma de participación política y de veeduría sobre la esfera pública y las decisiones que allí se toman, particularmente de población joven y de generaciones considerados como nativos digitales (Lanza & Fidel, 2011)A través de redes sociales, la izquierda política logró materializar un campo en el que son muy hábiles: el relato, y este logró imponerse, dando origen a una de las crisis más fuertes que ha vivido Colombia en tiempos recientes, pues los resultados de esas protestas violentas se tradujeron en pérdidas de vidas, daños millonarios a infraestructura física pública, privada, comercial, vial, entre otros. (Velásquez, 2021) Desde entonces, ha venido consolidándose una estrategia electoral diferente que domina relatos, que impone ideas a través de medios alternativos a los que acostumbra generalmente la política tradicional y figuras que tal vez aun no comprenden la dimensión de esta herramienta en las estrategias políticas y electorales en la actualidad.Pero, esto no es todo. Este nuevo contexto electoral también se ve influenciado por políticas e intereses de diversos actores, como es el caso de la Paz Total. En el texto, la Política de Paz Total Ley 2272 de 2022, tiene unas motivaciones que podrían considerarse nobles bajo la noción de seguridad humana que ha sido el enfoque – por lo menos conceptual– del gobierno Petro, y así, habla de un orden social justo, de convivencia pacífica, de seguridad para los ciudadanos, de derechos y libertades. Sus ejes están centrados en la negociación con grupos criminales para lograr esa paz y en el sometimiento a la justicia, todo bajo un marco social que ha sido parte fundamental del actual gobierno.Pero sus resultados no han sido tan positivos como su articulado aspiraba y eso es lo que resulta funcional a los intereses de actores como los grupos criminales sobre el proceso electoral.Según informes como los realizados por la Fundación Ideas Para la Paz e Insight Crime, la Paz Total ha tenido efectos contrarios a los naturalmente esperados como el fortalecimiento de los grupos armados con los que el gobierno negocia, el aumento de la violencia en varias zonas del país y aún más allá van Insuasty, Espinosa y Escobar en al plantear:[…] “aunque la “Paz Total” fue concebida como un cierre definitivo al conflicto armado colombiano, su despliegue en los territorios ha revelado una narrativa más inquietante: lejos de clausurar la guerra, se han abierto nuevos ciclos de violencia. Este giro dramático pone en evidencia una constante histórica en los procesos de paz en Colombia: cada intento de pacificación ha generado nuevas formas de conflicto, adaptadas a los cambiantes contextos territoriales y a las mutaciones del crimen organizado. La apuesta del gobierno Petro por una negociación integral, multisituada y con enfoque diferencial ha chocado con los límites estructurales del estado colombiano y las realidades territoriales, agudizando en algunas regiones las condiciones de inseguridad para las comunidades e incluso favoreciendo la legitimación política y territorial de actores armados sin proyecto ideológico claro, que encuentran en las mesas de diálogo socio-jurídico una oportunidad para ampliar su control y ganar una legitimidad simulada.” (Insuasty Rodríguez, Espinosa Méndez, & Escobar Vásquez, 2025, pág. 16)De acuerdo con un último reporte de la FIP, justo en este año electoral el panorama de seguridad es más complejo que en otros años. Según la Fundación, se destaca el aumento de hombres en armas con 5.000 nuevos miembros para el Clan del Golfo, ELN y Estado Mayor Central – EMC. A esto se suma el afianzamiento del control territorial por parte de estos grupos y 13 zonas de disputa activas. (Tobo, Arias, & Cajiao, 2026)Por su parte, la Defensoría del Pueblo en su informe de Alerta Temprana 013-2025, advierte sobre las dinámicas de los grupos criminales y la gobernanza armada que ejercen en cientos de municipios y que hace presión sobre la población aumentando los riesgos sobre ella. Así, el informe señala: “Cuando los grupos armados organizados y del crimen organizado ejercen tal control sobre asuntos varios de la vida social y comunitaria, limitan las garantías y libertades para el ejercicio electoral. Al imponer restricciones sobre la circulación y/o el ingreso de personas foráneas, se obstruye el libre ejercicio proselitista de las candidaturas”. (Defensoría del Pueblo, 2026, pág. 26)Todos los análisis dejan ver los resultados reales de la política de Paz Total, con efectos negativos para la población teniendo en cuenta que, según esa misma entidad, los grupos armados hacen presencia en 790 municipios del país. Así, el control territorial que han ganado los actores criminales, su fortalecimiento en hombres y finanzas a partir de las rentas criminales, aprovechadas por la metodología de las mesas de diálogo con la suspensión y/o disminución de operaciones militares, se convierten en factores que facilitan la expansión de sus estructuras, accionar criminal, fortalecimiento y diversificación de fuentes de financiación y, por su puesto, sus intereses políticos conforme a sus actividades criminales.Fuente: Fundación Paz y Reconciliación. Tomada de Fundación Escuela LibertadLa Paz Total ha generado una serie de efectos tanto políticos como de carácter territorial que pueden tener una incidencia directa en las elecciones de 2026 tanto legislativas como presidenciales. Todos estos resultados han abierto ventanas de expansión para estas estructuras, esto sin dejar de lado que los grupos criminales tienen intereses políticos claros, la dinámica de las negociaciones ha sido favorable a sus intereses económicos, no tanto ideológicos, como en otras épocas.Todo esto se traduce en una mayor capacidad de incidencia política a través de prácticas como la regulación de la movilidad, el dominio no solo de territorios sino de las económicas ilícitas de esas zonas (minería ilegal, narcotráfico, etc.,), de modo que, el control territorial no solo es una variable central del campo de la seguridad y sus estudios, sino que también determina el campo político, pues los actores armados terminan regulando actividades cotidianas y determinando escenarios en época electoral. La coacción al voto, bloqueo, amenaza o ataques a campañas políticas adversas, quien entra o sale de zonas controladas por ellos, quien puede o no hacer campaña, influyen en el comportamiento electoral e, incluso, favorecer directa o indirectamente, candidatos funcionales a sus intereses.El diseño de la Política de Paz Total puede tener una intención positiva e incluso constitucional de búsqueda de la paz, pero sus resultados plantean algunos incentivos negativos al reducir la confrontación directa con grupos armados, al sostener mesas de negociación aun cuando varios de estos grupos siguen cometiendo actos delictivitos y terroristas contra la población y la fuerza pública. Por eso, aunque la Paz Total fue presentada y posiblemente estructurada como un instrumento para poner fin a los conflictos en Colombia, sus efectos han generado un reacomodamiento de fuerzas, finanzas y control territorial que termina coincidiendo con el calendario electoral en condiciones totalmente críticas. Así, el fortalecimiento de estos actores, en parte, a consecuencia de la dinámica de dicha política, no solo afecta la seguridad, sino que incide directamente en la competencia democrática, fundamental para garantizar la continuidad del sistema político colombiano.Los efectos de la Paz Total son innegables, no solo no ha logrado reducir la violencia, sino que ha generado condiciones para modificar el equilibrio político en los territorios más complejos en temporada de elecciones. La balanza inclinada más hacia una mayor gobernanza criminal que hacia una mayor capacidad operativa del Estado, favorece la redistribución de poder en lo local en plena competencia electoral, lo que hace que nuestra democracia entre en un alto riesgo estructural de cara al futuro inmediato.Bibliografía
- Lanza, L., & Fidel, N. (2011). Política 2.0 y la comunicación en tiempos modernos. Centro de Estudios en Diseño y Comunicación(53), 53-63.
- Velásquez, M. (11 de junio de 2021). Daños y pérdidas económicas por el paro nacional en Colombia: estas son las cifras. CNN Español.
- Insuasty Rodríguez, A., Espinosa Méndez, N., & Escobar Vásquez, A. (2025). Balance crítico de la política de paz total: de epígrafe para la guerra, a prólogo de nuevas violencias. El Ágora USB, 25(2), 13-47.
- Tobo, P., Arias, G., & Cajiao, A. (30 de enero de 2026). Fundación Ideas para la Paz. Obtenido de https://ideaspaz.org/publicaciones/investigaciones-analisis/2026-01/27-000-combatientes-y-record-en-disputas-el-deterioro-de-la-seguridad-marca-el-inicio-de-2026
Defensoría del Pueblo. (2026). Alerta Temprana 013-2025 para los procesos elecotrales de 2025 y 2026. Bogotá.